Alquilar y no Morir en el Intento

Que estamos transitando épocas difíciles con respecto a encontrar un alquiler no es nada nuevo, no importa si buscas un alquiler para vivienda permanente o comercial, da lo mismo, es buscar una aguja en un pajar, no importa tampoco si buscas en CABA, San Martin de los Andes, Usuhaia o La Quica, es un problema historico endémico nacional.

Inmediatamente, mientras escribo estas líneas me pregunto, y espero se cuestionen también quienes nos legislan, ¿como llegamos a esta situación?

Ya han transcurrido tres años desde que fuera sancionada la ley 27.551 , cabe recordar que fue publicada en el B.O. mientras estábamos incorporando nuevos conceptos como barbijos, asintomáticos, cuarentena, etc etc…en ese momento la relación contractual entre inquilinos, propietarios, futuros inquilinos, se encontraba en una situación de discusión permanente, habiendo una clara enemistad entre ambas partes, afortunadamente el Estado intervino y puso fin a dicha controversia, desde la sanción de esta nueva ley ahora los perjudicados son las dos partes por igual. Afortunadamente se logró acortar las distancias y limar las diferencias y unirse contra un enemigo común “ La nueva Ley de Alquileres”. Dicha ley no solo maltrato a inquilinos y propietarios, sino que también termino con el mercado inmobiliario de alquileres perjudicando a todos los actores que intervienen en el negocio.

La locación, sobre todo de viviendas urbanas, ha sido un termómetro del funcionamiento de la política y de la economía del país desde hace mucho. Sobremanera desde el retorno de la democracia.

Cabe recordar que hace 40 años atrás cuando arrancaba el gobierno del Dr. Alfonsin la situación con respecto a los alquileres no era muy diferente a la actual, en aquella oportunidad se   sancionó la ley 23.091, publicada en el Boletín Oficial del 16/10/84, que rigió la actividad locativa de viviendas y comercios, con algunas modificaciones,  hasta la entrada en vigencia de esta última ley 27.551.

Es no menos importante manifestar que en este país donde se mezcla la biblia y el calefón, nuestros legisladores y jueces terminan amalgamando conceptos dispares como Seguridad Social y Derecho Civil, donde cada uno tiene propio espacio y jurisdicción… “el territorio de la res[1]puesta judicial no coincide ni se superpone con el de la seguridad social, conservan[1]do cada una su propio ámbito de vigencia y no debiendo ser confundidas, ya que las dos se guían por principios y reglas diferentes. La situación de vulnerabilidad que aduce la actora, prácticamente como único pie de apoyo de su pretensión de resistir el desalojo y quedarse en un inmueble usurpado, puede generar su atención dentro del ámbito de la seguridad social, pero carece de los presupuestos para su con[1]tención judicial, menos aún, por conducto de la vía del amparo, pensada para contemplar situaciones radicalmente diferentes a la de autos, donde no existe ni por asomo ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de su contraria”1

Claramente confundir estos conceptos nos lleva sin lugar a duda a un terreno en donde todo parece mixturarse sin que se pueda arribar a una solución equitativa para ambas partes.

Mientras quienes nos legislan continúen buscando soluciones a corto plazo intentando beneficiar a la parte más débil de la relación contractual sin entender que a largo plazo solo genera un perjuicio peor, vamos a seguir en este espiral sin fin. Es importante comprender que la intervención del Estado excesiva en el derecho privado no beneficia a nadie dentro del mercado inmobiliario, sino todo lo contrario.

No necesitamos este tipo intervencionismo, ya sabemos que a nivel nacional estamos inmersos en un déficit habitacional como nunca antes ocurrió.  Necesitamos políticas serias a nivel social donde se garantice el derecho a una vivienda digna, donde se generen créditos hipotecarios que no solo pongan en marcha una solución habitacional, sino que el mismo generen  empleo digno, donde la construcción vuelva a tener ese lugar que se merece, no necesitamos mas planes sociales que no ayudan a la dignidad humana, necesitamos una puesta en marcha de todo el aparto del Estado en cuanto a Seguridad Social y a los derechos básicos de cada habitante. Derechos que no esta de mas recordar se encuentran garantizados por nuestra Carta Magna.

Al día de hoy estamos esperando que las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados el pasado 23 de agosto sean tenidas en cuenta por la Camara Alta de nuestro Congreso y se puedan reformar finalmente los artículos referidos a los plazos de vigencia de los contratos habitacionales entre inquilinos y propietarios: reducir de tres a dos años, con una actualización que podrá efectuarse dentro de un plazo de entre cuatro y doce meses, con un sistema de actualización acordado entre las partes. A tal efecto se prevé que la misma se establezca entre las partes quienes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar ya sea, el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.

Esperemos estas reformas sean un paliativo a la realidad que vivimos todos los que de alguna u otra forma estamos involucrados en el mercado inmobiliario.

1-CACC Trelew, Sala A, 29/9/15, “Pérez Terrone, María Luján c. Astra, María Claudia y/o ocu[1]pantes y/o intrusos s/Desalojo”, c. 326/15, S.D.E. nº 3 de 2015, en sist. Eureka, voto del doctor Mar[1]celo López Mesa, con cita de la interlocutoria de la misma Sala del 27/11/09, in re “Cari, E. E. s/Acción de amparo”, expte. 000710/2009, CANE

Abrir chat
1
💬 ¿Tenés alguna duda?
¡Hola, que gusto que estés acá!
¿Podemos ayudarte en algo?
Abrir chat
1
💬 ¿Tenés alguna duda?
¡Hola, que gusto que estés acá!
¿Podemos ayudarte en algo?